El
último auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no es más
que la culminación del sinsentido en el que nos metió la sentencia
del Tribunal Constitucional sobre el Estatut. Primero, el legislador
catalán cometió el error de plantear la vehicularidad del catalán
como un derecho de los alumnos en lugar de hacerlo como una opción
democráticamente tomada por los poderes públicos. A continuación
el TC dijo que si existía el derecho a recibir la enseñanza en
catalán también existía un derecho análogo a recibirla en
castellano. Y después el Supremo completó la faena reclamando la
“reintroducción” del castellano como lengua vehicular en la
enseñanza. El TSJC se ha limitado ahora a matizar que la
reintroducción solo debe afectar a las clases que frecuenten los
alumnos que pidan la enseñanza en castellano.
Digámoslo
claro: el embrollo en que nos hallamos no tiene solución jurídica.
El derecho a recibir (toda) la enseñanza en catalán es incompatible
con el derecho a recibirla (toda) en castellano; ciertamente, si el
alumno X que solicitó la enseñanza en castellano determina que esa
sea la lengua para toda la clase, sus compañeros, que no solicitaron
lo mismo, ven menoscabado su derecho a recibirla en catalán (un
derecho, no lo olvidemos, protegido por una ley orgánica del Estado,
cual es el Estatut). Los derechos son incompatibles, claro está, a
menos que se ejerzan en aulas separadas, algo que además de ser muy
caro está prohibido por la ley de normalización de 1983, la de
política lingüística de 1998, el Estatut de 2006 y la ley de
educación de 2010. La única solución del conflicto es política.
Se trata de pactar entre unos y otros una vuelta a lo que dictaminó
el TC no en 2010 sino en un lejano 1994: el catalán como “centro
de gravedad” del sistema educativo “en atención al objetivo de
la normalización lingüística en Cataluña” (es decir, como
opción tomada por el legislador, no como derecho de los alumnos),
“siempre que ello no determine la exclusión del castellano como
lengua docente”.
Dado
que el ministro Wert y la consejera Rigau no parecen las personas más
indicadas para llegar acuerdos, acaso hará falta que, en su próxima
reunión secreta, Rajoy y Mas aborden también este asunto. A menos
que ninguna de las partes quiera renunciar a la evidente rentabilidad
política que supone mantener abierto el frente lingüístico.
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